La realidad de los trabajadores temporales en España ha sido objeto de discusión durante muchos años, principalmente debido a la inestabilidad laboral y la ausencia de una respuesta satisfactoria por parte de las instituciones.

Los interinos, que trabajan en puestos temporales dentro de la administración pública, se enfrentan con un número considerable de desafíos. A pesar de su esfuerzo y contribución, siguen siendo considerados como trabajadores temporales, sin una garantía definida de continuidad laboral.

A lo largo de los años, las administraciones del Estado han puesto en marcha múltiples estrategias para solucionar este problema. Sin embargo, gran parte de estas medidas no han conseguido resolver el problema de fondo, dejando los interinos continúen laborando en condiciones precarias. El último plan, conocido como el "Icetazo", buscaba reducir la temporalidad en el sector público, pero no ha logrado mejorar la situación de todos los interinos.

Entre los elementos más criticados se encuentra la falta de claridad en los procesos de selección. A menudo, se critica que los interinos llevan años en sus puestos, pero carecen de la oportunidad de ser nombrados de manera definitiva, lo que genera una sensación de descontento. Se ha denunciado que una parte significativa de los interinos están cubriendo puestos estructurales que, en realidad, deberían ser de carácter fijo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sido un actor clave en la defensa de los derechos de los interinos en España. Este órgano judicial ha afirmado que el abuso de la temporalidad no cumple con el derecho comunitario. Como resultado de estos fallos, España ha iniciado algunos cambios en su legislación. No obstante, estos modificaciones aún no han sido suficientes corregir la situación.

Una reclamación clave del colectivo es el poco valor que se da a su trayectoria. Este colectivo se queja que, a pesar de su dedicación, no se valora igual que a los empleados fijos.

Para algunos, la clave a este problema pasa por la estabilización de estos interinos en empleados fijos. Sin embargo, algunos sectores argumentan que dar prioridad a los interinos sin oposición abierta sería injusto, y que debe garantizarse la equidad de acceso para todos los ciudadanos.|Por otro lado, hay quienes piensan que una estabilización sin oposición podría comprometer el click here principio de igualdad en el acceso a la función pública.}

En síntesis, el colectivo de interinos en España sigue sufriendo las consecuencias de una deficiente gestión desde las autoridades, y es necesario adoptar medidas contundentes. La estabilidad laboral de los interinos está en manos de las modificaciones que se pongan en marcha en los próximos años, así que será determinante ver cómo evolucionan las decisiones a este nivel.